El pedido de suspensión por parte del Gobierno El Gobierno pidió esta tarde a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que busca forzar el pago del juicio por la expropiación de YPF. Además, busca estirar los plazos jurídicos durante algunos meses para evitar la ejecución de la sentencia y revertir la demanda en segunda instancia. En los próximos días, hará la presentación formal de apelación. Postura de la Casa Rosada En la Casa Rosada aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal. Consideran que sería un daño irreparable la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional. Asimismo, apuestan a disputar el monto final de la sentencia, estimado en USD 16.000 millones, argumentando que hay razones legales para reducirla incluso a “algunos cientos de millones”, explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso. Defensa y recursos legales La Procuración del Tesoro, encargada de la defensa ante demandas contra el Estado, solicitó esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio. Sin embargo, se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud, ya que pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir, a la segunda instancia. Implicaciones de la sentencia En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de cumplimiento imposible. Por ello, no está dentro de las opciones acatar el fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia. Existen aún dos instancias superiores, entre la primera cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Posibles escenarios futuros El Gobierno trabaja con una hipótesis de máxima que consiste en lograr que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si esto fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se extiendan al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.